Carlos Lesmes: «Una persona con sólidos principios morales no mete la mano en la caja»

nati villanueva@abc_es / madrid

Día 30/11/2014 - 16.45h

Para el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, la transparencia, agilidad en las investigaciones y más medios, claves para luchar contra la corrupción

ángel de antonio

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en el salón de plenillos del Alto Tribunal

Cuando está a punto de cumplirse un año de su mandato al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes (Madrid, 1958) reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción y pide una reforma integral del sistema penal para hacer frente a los nuevos fenómenos de delincuencia que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

-El CGPJ fue el primer órgano que hizo públicos los gastos de todos sus vocales. ¿Qué le parece la negativa del Congreso a difundir los de cada uno de sus diputados?

-Desde el mismo momento de su constitución en este mandato, el Consejo General del Poder Judicial asumió un compromiso de transparencia por verdadera convicción, por la importancia que tiene la transparencia en las instituciones públicas para un buen gobierno. En relación con otras instituciones, desconozco lo que hacen. Sí quiero que el Consejo sea auténtico referente en esta materia.

-El pasado martes, en el Congreso, dedicó buena parte de su intervención a la corrupción. ¿Qué se necesita dentro y fuera de la Administración de Justicia para una lucha más eficaz contra lo que usted ha llamado «lacra social»?

-La corrupción tiene muchas causas. Hay razones culturales, morales... Una persona con sólidos principios morales no mete la mano en la caja, indudablemente. Hay también razones sociales, de que haya una cierta tolerancia a comportamientos a lo mejor menores, pero que no dejan de ser expresión de corrupción. Hay una posible relajación en los mecanismos preventivos, que dan facilidad para la comisión de este tipo de delitos, y falta la suficiente eficacia en la respuesta penal. La sociedad española demanda ejemplaridad, lo que exige también plazos reducidos en la respuesta penal. Y quizá aquí es donde se está fallando: nos falta eficacia esencialmente por los tiempos de respuesta, y eso lo que produce desazón en los ciudadanos.

-¿Hay crisis de valores en la sociedad?

-Las sociedades sólidas con firmes convicciones cívicas caen menos en los comportamientos corruptos. Esto es indudable. Las convicciones de los ciudadanos, la fortaleza moral que tienen cuando asumen responsabilidades públicas, son muy relevantes para no caer en comportamientos contrarios a la ley e intentar obtener con ellos beneficio personal.

-La corrupción se ha convertido en el denominador común de todos los telediarios. ¿Antes no se cometían estos delitos, no se investigaban o la crisis los ha hecho aflorar?

-Si observamos los instrumentos internacionales, declaraciones de otras instituciones no españolas y la prensa extranjera, vemos que no es un fenómeno específico español. La percepción de la corrupción tiene un componente subjetivo: en estos momentos el reproche del ciudadano español hacia la corrupción es mayor precisamente por las dificultades de tipo económico o social que están viviendo muchos ciudadanos, que ven injustificable que haya personas que se aprovechen de los recursos o instituciones públicos. En momentos de bonanza no es que no haya un reproche de la corrupción, que también lo hay, pero hay algo más de tolerancia. La situación de crisis es lo que hace que la corrupción ya se perciba como algo completamente inaceptable.

-Hay una sensación generalizada de que la justicia llega tarde. Un presidente de un club de fútbol que ingresa en prisión 23 años después de cometerse los hechos, juicios que se celebran tras 12 años de investigación. ¿Esa imagen beneficia a la Justicia?

-Indudablemente no. La Justicia responde en muchas ocasiones con una razonable rapidez, pero es cierto que hay procesos que se dilatan más allá de lo razonable, y este es un defecto que debe corregirse. En otros países con eficaces sistemas penales vemos que incluso los asuntos complejos son juzgados en unos tiempos mucho más reducidos que los nuestros.

-¿Qué mecanismos propone para acabar con las investigaciones eternas que todos conocemos, ERE, Gürtel…?

-No hay una única solución, las soluciones simplistas normalmente no son buenas. Hay defectos de regulación legal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene 132 años de existencia y es una ley que se aprueba para dar respuesta a una delincuencia de finales del siglo XIX. Pero hay una delincuencia compleja que nace con el desarrollo del país, y fundamentalmente a partir de los años ochenta, para la que, a mi juicio, la ley procesal penal de la que disponemos no establece unos mecanismos suficientemente eficaces para atajarla. Esta es una carencia. Otra, indudablemente, la propia organización judicial. Nuestros juzgados están ordenados de la misma manera para dar respuesta a asuntos sencillos que complejos. Igual que no hace falta un mismo aparato sanitario para dar respuesta a una gripe que a un tumor cerebral, cada tipo de delincuencia ha de tener un modelo de respuesta diferente. Al final la justicia penal dará respuesta, como la dio hace quince o veinte años cuando hubo escándalos en el mundo financiero y político. Pero yo creo que la sociedad ya no solo demanda que haya condenas, sino que quiere que en el año próximo o un par de años esa situación de perturbación del orden derivada de ese comportamiento corrupto haya sido reparada. Y ahí es donde no estamos acertando. Dotación de medios, organización judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal... Tenemos que tocar todas aquellas patas que soportan la mesa del enjuiciamiento criminal para mejorarlas.

-¿Cree que hay una verdadera voluntad de que la Justicia funcione?

-Yo creo que la Administración de Justicia es una institución que es de Estado, es decir, que debe obedecer a un diseño compartido. Por eso situaciones como la que se produjo en 2001, de pactar una reforma, son muy necesarias porque la Justicia como institución es la gran generadora de confianza en el sistema, es el último recurso al que se puede acudir, y es fundamental y básica para la convivencia y la paz social. La regeneración de las instituciones no será posible si no tenemos una Justicia que funcione, una Justicia eficaz. Las instituciones hacen el Estado, y si las destruimos o dejamos que se deterioren estamos deteriorando o destruyendo el Estado mismo.

-¿Habría que limitar los periodos de instrucción de las causas penales?

-Fijar plazos tiene utilidad para agilizar los procedimientos porque estimula la diligencia del que realiza la investigación, pero hay que hacerlo de manera que no dé lugar a la impunidad, porque si establecemos unos plazos muy taxativos que operen con automatismo se corre ese riesgo.

-¿En qué momento debería dejar el cargo un político imputado en un caso de corrupción?

-La expresión imputado lo único que significa es que alguien es llamado a declarar porque se ha presentado una denuncia contra él, porque hay algún indicio… No sé hasta qué punto debe derivarse una responsabilidad política por el simple hecho de ser citado a declarar. Yo creo que la responsabilidad política debe aparecer cuando un juez, valorando ya una investigación realizada, considera que hay indicios fundados y lo expresa así en una resolución. Ligar el simple hecho de ser llamado a declarar a que haya una responsabilidad política puede ser excesivo e injusto.

-¿Antes incluso de la apertura de juicio oral?

-Depende del tipo de resolución. Porque un auto de procesamiento no es todavía juicio oral y, sin embargo, debería conllevar la responsabilidad política, porque hay un juicio de indicios por parte del juez. Un auto de prisión también, porque ahí el juez ya hace una valoración para adoptar una medida restrictiva de libertad.

-Usted ha estrenado un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que tres asociaciones judiciales acaban de llevar a la ONU por considerar que atenta contra la independencia judicial...

-Lo que hay que juzgar son los actos del CGPJ, y no sé por qué este Consejo atenta contra la independencia y no los cinco anteriores, nombrados exactamente igual que este.

-Se dice también que hay vocales de primera y de segunda, y que la Comisión Permanente está acaparando funciones que corresponden al Pleno…

-Eso no es verdad. El Pleno tiene las competencias mas relevantes, las que justifican la propia existencia del Consejo: los nombramientos, la responsabilidad disciplinaria, los informes y la potestad reglamentaria.

-¿El aforamiento es en cierto modo un privilegio?

-Es un privilegio procesal, sin duda. Otra cosa es que esté justificado, que puede estarlo, en determinadas situaciones. En nuestro país hay un abuso del aforamiento y debería ser objeto de un diseño restrictivo. Hay un principio general de igualdad de los ciudadanos ante la ley y, por lo tanto, establecer una excepción en la propia ley debe hacerse de una forma restrictiva. Supone apartarse del mandato de igualdad que se contempla en la Constitución.

-¿Cuál sería un número razonable de aforados?

-No lo sé. Yo creo que hay un exceso y que hay que reducir, pero no sé dónde hay que poner el límite.

-El juez Ruz ha terminado la parte principal del caso Gürtel… Su comisión de servicio cumple el 24 de diciembre… ¿Se va a prorrogar?

-La decisión la debe tomar la Comisión Permanente del CGPJ, y lo hará próximamente. Puedo adelantarle que mi criterio se basará en dos premisas: el respeto a lo que la ley ordena respecto a este tipo de situaciones y la mínima perturbación posible de los procedimientos penales en curso.

«Los jueces que decidan sobre Mas deben ser jueces por encima de todo»

–¿Cree que la presión nacionalista es el clima más idóneo para que tres jueces del Tribunal Superior de Cataluña decidan si investigan a Artur Mas?

–Los jueces deben estar acostumbrados a la presión, porque la presión existe en el desarrollo de la actividad profesional del juez. Si los jueces son buenos jueces deben actuar correctamente, cualquiera que sea la decisión que adopten y con independencia de la presión que exista. El juez debe estar acostumbrado y ser consciente de que a lo largo de su vida profesional va a tener presiones y que tendrá que actuar como si esas presiones no existieran. No debe tener más norte que el de la ley, como es nuestra obligación.

–¿No sería conveniente en casos que tocan de lleno a un gobierno autonómico que fueran el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional los que los investigaran?

–Es un sistema que existe desde 1985 y hasta ahora no se ha cuestionado.

–Sin embargo, un tercio de los jueces de los TSJ son propuestos por los parlamentos autonómicos respectivos. En el caso de la querella contra Mas, ninguno de los jueces que van a decidir sobre la admisión son los nombrados por el Parlamento catalán, pero se podría haber dado el caso…

–Supongo que sí, supongo que habrán seguido un criterio de reparto objetivo porque es lo que hay que hacer. Los jueces, una vez nombrados, deben ser jueces por encima de todo, yo no voy a ponerlo en duda.

–Como ciudadano, y no como presidente del Supremo, ¿usted percibió el 9-N como una burla al Estado de Derecho?

–No me puedo pronunciar sobre eso porque hay precisamente una querella presentada por esos hechos.

–¿Le preocupa la deriva secesionista?

–La deriva secesionista me preocupa, evidentemente, como a cualquier ciudadano.

–¿Cataluña puede separarse de España?

Espero que no.

–¿Un juez investigado por dos faltas muy graves no estaría ya suspendido de forma cautelar si no se llamara Santiago Vidal?

–La medida cautelar no resulta obligatoria en la ley. En el caso de Santiago Vidal, la Comisión Disciplinaria del Consejo, en una reñida votación, por cuatro a tres, consideró que no era necesaria la adopción de una medida que supondría la suspensión de ese juez en el ejercicio de sus funciones. Es una cuestión de valoración, como tantas veces ocurre en el mundo de la justicia.

–Me imagino que, como los jueces, los vocales también sufren presiones externas…

–No me consta que las tuvieran, desde luego. Hubo libertad de criterio. En este Consejo no se actúa por facciones, que es lo que más conduce a la impresión por parte de los ciudadanos de la politización de este órgano.