El sustituto de Pigem, imputado por falsedad
R. Manzaneque
Lunes, 1. Diciembre 2014 - 22:57
Antonio Álvarez-Buylla, candidato del PP en el Senado, está siendo acusado por una supuesta falsificación de tres puntos del Estatuto de Procuradores de la Comunidad de Madrid.
El primer candidato a cubrir el puesto que ha dejado la dimitida vocal del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Álvarez-Buylla, está imputado por un delito de falsedad documental por una supuesta alteración en el Estatuto de Procuradores de la Comunidad de Madrid. Álvarez-Buylla, candidato del Partido Popular en el Senado, declaró en los juzgados el pasado junio y defendió que su imputación responde a cuestión "puramente administrativa" y que no existió la falsedad que se le acusa.
La Asociación para la Defensa del Procurador presentó una querella criminal contra Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, y Ramiro Reynolds, secretario de la organización. Se les acusaba de una supuesta falsificación de tres puntos de un documento público en el Estatuto del Colegio del 25 de enero de 2011 -tres preceptos estatuarios, los artículos 8, 39 y 64.1 c)- por la que se otorgaba al Colegio y sus asociados alrededor de 16 millones de euros desde ese mismo año hasta la actualidad.
Ese mismo estatuto lleva anulado desde febrero de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), pero la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso el pasado marzo al ver indicios de delito y tomó declaración en junio a Álvarez-Buylla. En su declaración, el ahora candidato a vocal en el máximo órgano de gobierno de los jueces explicó que su imputación se debió a un error de la secretaria del Consejo al enviar los datos que componían el nuevo Estatuto a la Comunidad de Madrid. La versión de Álvarez-Buylla fue contrastada por la afectada en su declaración del pasado 22 de octubre, en la que reconoció que cometió una equivocación involuntaria, aunque el caso permanece abierto y las partes continúan pidiendo diligencias.
La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso porque, aunque el estatuto de los procuradores está anulado y la supuesta modificación o alteración de una parte carecería de efecto jurídico, considera que habría "un claro supuesto de tentativa o delito imposible".
Antonio Álvarez-Buylla está en el primer puesto para sustituir a Mercé Pigem, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que presentó su dimisión el pasado domingo después de que se le encontraran más de 9.000 euros en metálico en la frontera de Andorra. Aunque explicó que tiene la conciencia muy tranquila porque los hechos "no suponen ninguna irregularidad", anunció su renuncia en una misiva en la que aceptó que su apariencia "era susceptible de ser instrumentalizada". "No se levantó acta alguna sobre mí porque los hechos no suponen ninguna irregularidad, aunque su apariencia es indudable que era susceptible de ser instrumentalizada, como así ha sido, siendo filtrados a la opinión pública en el trasfondo del grave enfrentamiento político con motivo de la situación en Cataluña", aseguró.
La Asociación para la Defensa del Procurador presentó una querella criminal contra Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, y Ramiro Reynolds, secretario de la organización. Se les acusaba de una supuesta falsificación de tres puntos de un documento público en el Estatuto del Colegio del 25 de enero de 2011 -tres preceptos estatuarios, los artículos 8, 39 y 64.1 c)- por la que se otorgaba al Colegio y sus asociados alrededor de 16 millones de euros desde ese mismo año hasta la actualidad.
Ese mismo estatuto lleva anulado desde febrero de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), pero la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso el pasado marzo al ver indicios de delito y tomó declaración en junio a Álvarez-Buylla. En su declaración, el ahora candidato a vocal en el máximo órgano de gobierno de los jueces explicó que su imputación se debió a un error de la secretaria del Consejo al enviar los datos que componían el nuevo Estatuto a la Comunidad de Madrid. La versión de Álvarez-Buylla fue contrastada por la afectada en su declaración del pasado 22 de octubre, en la que reconoció que cometió una equivocación involuntaria, aunque el caso permanece abierto y las partes continúan pidiendo diligencias.
La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso porque, aunque el estatuto de los procuradores está anulado y la supuesta modificación o alteración de una parte carecería de efecto jurídico, considera que habría "un claro supuesto de tentativa o delito imposible".
Antonio Álvarez-Buylla está en el primer puesto para sustituir a Mercé Pigem, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que presentó su dimisión el pasado domingo después de que se le encontraran más de 9.000 euros en metálico en la frontera de Andorra. Aunque explicó que tiene la conciencia muy tranquila porque los hechos "no suponen ninguna irregularidad", anunció su renuncia en una misiva en la que aceptó que su apariencia "era susceptible de ser instrumentalizada". "No se levantó acta alguna sobre mí porque los hechos no suponen ninguna irregularidad, aunque su apariencia es indudable que era susceptible de ser instrumentalizada, como así ha sido, siendo filtrados a la opinión pública en el trasfondo del grave enfrentamiento político con motivo de la situación en Cataluña", aseguró.
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