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lunes, 1 de diciembre de 2014
Francisco con la prensa: lo que oró en la mezquita, el Islam, los ortodoxos, refugiados y el Sínodo
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Los tres tristes tigres en el programa de Podemos
Los tres tristes tigres en el programa de Podemos
1 de diciembre del 2014 | 01:00 am
No sé si alguno lo recuerda. Yo sí. Corría el año 2008 y en este país gobernaba el PSOE.
En la primera semana de julio se iba a celebrar el XXXVII Congreso del Partido Socialista y Ferraz envió a todas las federaciones y agrupaciones locales un informe de gestión sobre los últimos cuatro años en el gobierno.
En la página 182 de aquel dossier, dentro del apartado de la Ley del Suelo, al final del párrafo se incluía lo siguiente:
-- “(…) En esta ley se desarrolla un paquete importante de reformas de la ley de Bases de Régimen Local. Tres tristes tigres comieron trigo. Daremos un premio a quien detecte el duende”.
Zas. Sin anestesia.
Algún agudo socialista había decidido verificar, con semejante prueba del algodón, el escaso interés que despertaba un tocho de 468 páginas como aquel. O quizás se jugó pincho de tortilla y caña con un camarada a que esta afición tan corriente a la lectura en diagonal le iba a dejar sin reprimenda. O simplemente decidió salpimentar el triste y aburrido balance que había hecho su partido en aquella rendición de cuentas tan plúmbea.
Sea de ello lo que fuere, ahí están las hemerotecas para corroborar el suceso, real como la vida misma. Los “tigres”, el “trigo” y “el duende” se colaron en un texto oficial interno de un partido político para recordarnos hoy el poco valor que tienen en este país, por ejemplo, los programas electorales.
Mariano Rajoy va a tener que batirse el cobre de lo lindo para recuperar el crédito perdido tras pasarse por el forro en reiteradas ocasiones el plan con el que el Partido Popular se presentó a las generales.
Pablo Iglesias comienza también a tener serios problemas de credibilidad tras la flamante presentación pública de la propuesta económica de Podemos, una demostración palpable de “donde dije digo, digo Diego”.
¿Pero alguien va a protestar ahora al detectar el duende? ¿Alguien que votó a Podemos en las Europeas para que Pablo Iglesias impusiera una renta básica universal o cancelara toda la deuda española va a salir a protestar por el fraude de trilero que acaba de protagonizar la plataforma?
Mucho me temo que no. Nos pasa como a los ‘tigres’ de Ferraz: nos gusta mucho el cachondeo y olvidamos rápido.
Así nos va.
En la primera semana de julio se iba a celebrar el XXXVII Congreso del Partido Socialista y Ferraz envió a todas las federaciones y agrupaciones locales un informe de gestión sobre los últimos cuatro años en el gobierno.
En la página 182 de aquel dossier, dentro del apartado de la Ley del Suelo, al final del párrafo se incluía lo siguiente:
-- “(…) En esta ley se desarrolla un paquete importante de reformas de la ley de Bases de Régimen Local. Tres tristes tigres comieron trigo. Daremos un premio a quien detecte el duende”.
Zas. Sin anestesia.
Algún agudo socialista había decidido verificar, con semejante prueba del algodón, el escaso interés que despertaba un tocho de 468 páginas como aquel. O quizás se jugó pincho de tortilla y caña con un camarada a que esta afición tan corriente a la lectura en diagonal le iba a dejar sin reprimenda. O simplemente decidió salpimentar el triste y aburrido balance que había hecho su partido en aquella rendición de cuentas tan plúmbea.
Sea de ello lo que fuere, ahí están las hemerotecas para corroborar el suceso, real como la vida misma. Los “tigres”, el “trigo” y “el duende” se colaron en un texto oficial interno de un partido político para recordarnos hoy el poco valor que tienen en este país, por ejemplo, los programas electorales.
Mariano Rajoy va a tener que batirse el cobre de lo lindo para recuperar el crédito perdido tras pasarse por el forro en reiteradas ocasiones el plan con el que el Partido Popular se presentó a las generales.
Pablo Iglesias comienza también a tener serios problemas de credibilidad tras la flamante presentación pública de la propuesta económica de Podemos, una demostración palpable de “donde dije digo, digo Diego”.
¿Pero alguien va a protestar ahora al detectar el duende? ¿Alguien que votó a Podemos en las Europeas para que Pablo Iglesias impusiera una renta básica universal o cancelara toda la deuda española va a salir a protestar por el fraude de trilero que acaba de protagonizar la plataforma?
Mucho me temo que no. Nos pasa como a los ‘tigres’ de Ferraz: nos gusta mucho el cachondeo y olvidamos rápido.
Así nos va.
Más en twitter: @javierfumero
Podemos y el marxismo (el de Groucho Marx)
Podemos y el marxismo (el de Groucho Marx)
1 de diciembre del 2014 | 01:00 am
El cómico Groucho Marx hizo famosa, entre otras, la siguiente frase: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.
Me atrevo a afirmar que esa misma reflexión podrían formular hoy Podemos y la actual dirección. Al menos en lo que se refiere al programa electoral.
Porque se ha producido la insólita situación de que, hace seis meses, solo seis meses, concurrieron a las elecciones europeas con un programa electoral que ahora, sin embargo, acaba de ser derogado y sustituido por otro mucho más ‘moderado’.
Tal operación hay que vincularla al propósito de los dirigentes de Podemos de pescar votos en caladeros ajenos, es decir, que no se limiten a la extrema izquierda y la izquierda, conscientes de que sus posibilidades de ganar, si es que existen, pasan por moverse ideológicamente hacia el centro.
Y ese objetivo ha provocado que hayan presentado un programa económico que anula, cuando no contradice frontalmente, gran parte de las propuestas lanzadas para las elecciones europeas.
Así que, solamente seis meses después, aquel programa ha quedado desmontado. Ante lo cual, no sería muy descabellado preguntarles si, visto tan evidente incumplimiento, y puesto que los votos que lograron entonces apoyaban esos contenidos derogados, ‘devolverán’ ahora los votos a los electores que les apoyaron.
Cuando he comentado algo así en tertulias de la televisión, he escuchado la respuesta de que el PP (y también el PSOE) también han incumplido sus programas. Resulta evidente. Pero eso no me consuela lo más mínimo, y menos aún me lleva a asumir que también lo incumpla Podemos. Entre otras cosas, porque afirman ser y actuar de distinta manera que los viejos partidos.
Igualmente, se me ha echado en cara que me empecine en que Podemos no cambie, con el argumento de que los partidos tienen derecho a rectificar.
Vale. Puedo aceptar ese derecho, aunque lo hayan realizado a una velocidad casi supersónica. Pero, entonces, permítaseme una pregunta: este programa económico que acaban de diseñar, el de ahora, ¿es ya el bueno, o podría ocurrir que, pasado un poco de tiempo, lo vuelvan a cambiar otra vez, visto el precedente? ¿Qué garantías ofrecen de que este es ‘el bueno’ de verdad?
Porque, insisto, lo ocurrido en Podemos recuerda la famosa frase ‘marxista’, de Groucho Marx, que en su caso podría traducirse como: “Este es mi programa electoral. Pero si con él tampoco gano, no importa, tengo otro”. ¿Es eso?
editor@elconfidencialdigital.com
Twitter: @JoseApezarena
Me atrevo a afirmar que esa misma reflexión podrían formular hoy Podemos y la actual dirección. Al menos en lo que se refiere al programa electoral.
Porque se ha producido la insólita situación de que, hace seis meses, solo seis meses, concurrieron a las elecciones europeas con un programa electoral que ahora, sin embargo, acaba de ser derogado y sustituido por otro mucho más ‘moderado’.
Tal operación hay que vincularla al propósito de los dirigentes de Podemos de pescar votos en caladeros ajenos, es decir, que no se limiten a la extrema izquierda y la izquierda, conscientes de que sus posibilidades de ganar, si es que existen, pasan por moverse ideológicamente hacia el centro.
Y ese objetivo ha provocado que hayan presentado un programa económico que anula, cuando no contradice frontalmente, gran parte de las propuestas lanzadas para las elecciones europeas.
Así que, solamente seis meses después, aquel programa ha quedado desmontado. Ante lo cual, no sería muy descabellado preguntarles si, visto tan evidente incumplimiento, y puesto que los votos que lograron entonces apoyaban esos contenidos derogados, ‘devolverán’ ahora los votos a los electores que les apoyaron.
Cuando he comentado algo así en tertulias de la televisión, he escuchado la respuesta de que el PP (y también el PSOE) también han incumplido sus programas. Resulta evidente. Pero eso no me consuela lo más mínimo, y menos aún me lleva a asumir que también lo incumpla Podemos. Entre otras cosas, porque afirman ser y actuar de distinta manera que los viejos partidos.
Igualmente, se me ha echado en cara que me empecine en que Podemos no cambie, con el argumento de que los partidos tienen derecho a rectificar.
Vale. Puedo aceptar ese derecho, aunque lo hayan realizado a una velocidad casi supersónica. Pero, entonces, permítaseme una pregunta: este programa económico que acaban de diseñar, el de ahora, ¿es ya el bueno, o podría ocurrir que, pasado un poco de tiempo, lo vuelvan a cambiar otra vez, visto el precedente? ¿Qué garantías ofrecen de que este es ‘el bueno’ de verdad?
Porque, insisto, lo ocurrido en Podemos recuerda la famosa frase ‘marxista’, de Groucho Marx, que en su caso podría traducirse como: “Este es mi programa electoral. Pero si con él tampoco gano, no importa, tengo otro”. ¿Es eso?
editor@elconfidencialdigital.com
Twitter: @JoseApezarena
POLÍTICOS: CORRUPTOS, PREVARICADORES, EMBAUCADORES, FARSANTES, LADRONES
POLÍTICOS: CORRUPTOS, PREVARICADORES,
EMBAUCADORES, FARSANTES, LADRONES, TRUHANES, FILIBUSTEROS, MALANDRINES,
SINVERGÜENZAS Y PARÁSITOS SOCIALES.
¡¡¡ SOIS EL GRAN CÁNCER DE ESPAÑA !!!
Carlos Cuesta se harta de la defensa de Trujillo a Podemos: "Mírate un periódico de vez en cuando"
1 3 la Marimorena 30-11-2014: Financiación de Podemos y la casta afín universitaria.
'La Marimorena' destapa las cuentas de varias empresas asociadas a miembros de Podemos
clippingCarlos Cuesta se harta de la defensa de Trujillo a Podemos: "Mírate un periódico de vez en cuando"
Juan Carlos Monedero, administrador y accionista mayoritario de una empresa que no cuenta con ningún empleado
Laura Sánchez de la Peña, 01 de diciembre de 2014 a las 11:06
Hace tan solo unos días que se consolidaba como partido político pero Podemos está ahora más que nunca en el foco de la actualidad mediática. Tras la polémica de la beca de Iñigo Errejón, salía a la luz que la productora del programa de Pablo Iglesias, 'La Tuerka' fue fundada como una organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, el programa nocturno 'La Marimorena' de 13TV la noche del 30 de noviembre de 2014, desmembraba las cuentas varias empresas en las que Juan Carlos Monedero aparece como administrador único y máximo accionista en dos de ellas.
'Con Mano Izquierda' es la productora que hace unos días salía en todos los medios por ser la responsable de producir el programa del secretario general de Podemos, 'La Tuerka'. Esta empresa no paga prácticamente impuestos porque fue fundada como una organización sin ánimo de lucro. El epígrafe señala que se dedica a la gestión de espectáculos, para el presentador de 'La Marimorena', Carlos Cuesta, se trata de la "organización de juergas".
'Caja de Resistencia' es una empresa en la que Juan Carlos Monedero aparece como administrador único y máximo accionista. En dos meses tuvo una facturación de más de 400.000 euros y un beneficio de casi 300.000. Pero, lo que más llama la atención de esta empresa es que no cuenta con ningún empleado.
'Herramienta de pensamiento' cuenta también con un único administrador y accionista, de nuevo Juan Carlos Monedero. En las cuentas se señala que es una empresa para la que no se ha recibido ninguna información en los últimos 24 meses.
Carlos Cuesta explicaba con detalle y con las pruebas en la mano la gestión de estas empresas relacionadas directamente con miembros de Podemos y aseguraba que "vendería la receta a los Botín":
La periodista Isabel San Sebastián recriminaba la ética y moralidad que de tanto presumen lo del 'círculo':
'Con Mano Izquierda' es la productora que hace unos días salía en todos los medios por ser la responsable de producir el programa del secretario general de Podemos, 'La Tuerka'. Esta empresa no paga prácticamente impuestos porque fue fundada como una organización sin ánimo de lucro. El epígrafe señala que se dedica a la gestión de espectáculos, para el presentador de 'La Marimorena', Carlos Cuesta, se trata de la "organización de juergas".
'Caja de Resistencia' es una empresa en la que Juan Carlos Monedero aparece como administrador único y máximo accionista. En dos meses tuvo una facturación de más de 400.000 euros y un beneficio de casi 300.000. Pero, lo que más llama la atención de esta empresa es que no cuenta con ningún empleado.
'Herramienta de pensamiento' cuenta también con un único administrador y accionista, de nuevo Juan Carlos Monedero. En las cuentas se señala que es una empresa para la que no se ha recibido ninguna información en los últimos 24 meses.
Carlos Cuesta explicaba con detalle y con las pruebas en la mano la gestión de estas empresas relacionadas directamente con miembros de Podemos y aseguraba que "vendería la receta a los Botín":
Yo si fuese ellos les vendería la receta a los Botín porque van a tener más beneficios que el Banco Santander.La que fuera ministra de vivienda en la era de José Luis Zapatero, María Antonia Trujillo, en su línea, no dudaba en defender la honorabilidad del partido de Pablo Iglesias asegurando que para ella no hay irregularidades excusando que sea un partido que acaba de nacer.
María AntoniaTrujillo: No hay que originar confusión. Tenemos dos empresas que han sido creadas antes de que existiera Podemos como partido político. Creo que no hay que confundir y hay que separar la actividad de un partido político de la actividad de unos ciudadanos que han creado un partido político y que eran empresarios.
Carlos Cuesta: Que casualidad que las sociedades de quienes montan el partido justo en la fase previa de montar el partido empiezan a recibir muchísimo dinero. Si a ti eso no te parece que sea un hecho informativo te recomiendo que te mires un periódico de vez en cuando.
María Antonia Trujillo: De ahí no se deduce ninguna irregularidad de ningún tipo hasta que no se investigue. En mi opinión no hay irregularidad.
Carlos Cuesta: Nosotros investigamos hasta donde podemos. Yo no puedo requerir datos como sí puede hacerlo la Agencia tributaria. Por menos de esto se han iniciado investigaciones. Me gustaría que se iniciase una investigación por el bien de la democracia.
La periodista Isabel San Sebastián recriminaba la ética y moralidad que de tanto presumen lo del 'círculo':
Al margen de que haya un delito o no lo haya, el señor Iglesias y sus compañeros de filas se mueven permanentemente en el terreno de la ética y de la moralidad y cuando te pasas la vida dando lecciones al prójimo tienes que tener una conducta ejemplar. Si nada más rascar un poquito empiezan a aparecer porquerías pues te tienes que callar. Estos tíos están invalidados, son torquemadas abrasados, no valen para nada.Carlos Cuesta aseguraba que nadie afirmaba o acusaba de que estos actos sean "delictivos" solo pide o le gustaría que se investigara a Podemos de la misma manera que al resto de partidos políticos:
No hemos dicho que esto sea delictivo. Lo que estamos diciendo es que estas prácticas a mí me gustaría que se chequeasen porque cuando te llega mucho dinero justo antes de montar un partido a los miembros del partido que se monta y luego haces gala de tener recursos, lo mínimo es chequearlo.
Todas las lenguas de España
Todas las lenguas de España
El catalán, el vasco y el gallego deberían tener una presencia significativa en los organismos y actos de la Administración central, sin perjuicio de que el castellano siguiera siendo su principal idioma de trabajo
EULOGIA MERLE
En una tribuna reciente (Blindar la convivencia, no las lenguas,EL PAÍS, 5/09/2014) argumentábamos que, en materia de lenguas, y con el ánimo de encauzar las tensiones que experimentamos en España, hay dos caminos. Uno ha dado en llamarse “blindaje de la competencia en lengua catalana”. En nuestra opinión, esta vía, nunca explicada en su detalle, es un error. La promoción del uso y el aprendizaje del catalán, es decir, el lado razonable de esa competencia, ya son potestades de las que la Generalitat goza bajo el marco normativo actual. Por tanto, todo nuevo margen de autonomía sólo podría ser usado para desarrollar más a gusto el lado no razonable de esa competencia, es decir, para intensificar la política pro-monolingüismo que vacía de contenido la oficialidad del español en Cataluña. Existe, sin embargo, otro camino, mucho más adecuado, que es el genuinamente federal: la aprobación de una Ley de Lenguas Oficiales, del género de las que existen en otros países de similar patrimonio lingüístico.
Actualmente, el plurilingüismo de España se organiza según el llamado “bilingüismo territorializado”; es decir, catalán, vasco y gallego son lenguas oficiales sólo en las comunidades donde se hablan y los Gobiernos autónomos son los encargados de promoverlas, con poca o ninguna intervención del Estado. La idea de que el Estado ataca las lenguas cooficiales o entorpece su progreso no se ajusta a la realidad. Cuestión distinta son los comentarios despectivos que a veces se vierten desde medios de comunicación privados. Estas muestras de ignorancia pesan en el envenenamiento de la convivencia; pero si nos centramos en las actuaciones oficiales, de manera objetiva, podemos concluir que, desde los comienzos de la Transición, el Estado no ha puesto trabas a la rehabilitación de las lenguas distintas del español. Sencillamente se ha inhibido: ni ha colaborado con entusiasmo en su recuperación ni ha puesto freno a las prácticas en menoscabo del bilingüismo de los Gobiernos de signo nacionalista.
Este laissez faire sugiere que las élites del Estado no terminan de interiorizar las consecuencias plenas del hecho de concebir el catalán, vasco y gallego como lenguas plenamente españolas. Puesto que si realmente lo son, alguna presencia y uso habrían de tener en las instituciones de planta estatal. Muchos ciudadanos de las comunidades bilingües captan esta falta de reconocimiento a sus lenguas maternas cuando esperarían legítimamente lo contrario, esto es, una actitud de cercanía y complicidad por parte del Estado que se comparte.
Frente a todo ello, el Estado debería abordar las tensiones lingüísticas con un plan acorde con el espíritu del federalismo y distinto de la vía del blindaje: tomar la iniciativa y desarrollar, por primera vez, su propia política lingüística. Dicha política, que podría insertarse en la reforma de la Constitución pero que no la requiere, se apoyaría en una Ley de Lenguas Oficiales que mejorara el reconocimiento de la realidad plurilingüe de España y sentara un marco claro de obligaciones de la Administración y derechos de los administrados. Esta ley llevaría a hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto al español, permitiendo que tuvieran una presencia significativa en las instituciones, órganos y actos de la Administración central; sin perjuicio de que, de manera lógica y natural, el español siguiera siendo su principal lengua de trabajo.
¿En qué consistiría esta ley? En primer lugar, habría de recoger y sistematizar lo que ya se hace. De hecho, el Estado hace más por las otras lenguas españolas de lo que el nacionalismo quiere hacer creer. Esta es una pequeña relación de buenas prácticas que la Administración central ya desarrolla: 1, prestación de servicios en sus órganos periféricos en la lengua cooficial; 2, traducción diaria del BOE a todas las lenguas españolas; 3, traducción de las páginas web de los ministerios a las cuatro lenguas principales; 4, uso de las lenguas cooficiales en el Senado; 5, mantenimiento de un circuito de televisión y una emisora de radio en catalán, subsidiarias de RTVE; 6, en el extranjero, oferta de cursos por parte del Instituto Cervantes de catalán, vasco y gallego; 7, apoyo vía subvención a las industrias culturales en otras lenguas españolas; 8, reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua española en la que trabajen; 9, acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas.
Ciertas de estas medidas conocen incumplimientos y lagunas, pero importa retener que son prácticas ya asumidas. Nos hablan de un Estado que va por el buen camino, pero no con la ambición precisa. Por ello, la ley que proponemos podría incorporar las siguientes mejoras: 1, consideración de las cuatro lenguas españolas principales como oficiales en los organismos de planta estatal —no necesariamente de trabajo—, con hincapié en los órganos judiciales; 2, posibilidad de expresarse en las cuatro lenguas principales en el Congreso de los Diputados; 3, mandato a las Comunidades Autónomas de incluir en sus currículos educativos la oferta del aprendizaje de otra lengua española; 4, obligación de rotular en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios estatales; 5, obligación de visibilizar la diversidad lingüística española en carteles, folletos y publicaciones oficiales en general; 6, desarrollo de la oferta audiovisual pública en catalán, vasco y gallego; 7, uso de todas las lenguas oficiales de España en actos de Estado, y en particular los más solemnes; 8, por lo demás, la cooficialidad en el ámbito español haría más fácil modificar el Reglamento Lingüístico de la UE, para alcanzar también el estatuto de cooficialidad europea.
Para esta propuesta es necesario anticipar tres críticas razonables. 1: su aplicación supondría una elevación injustificada del gasto. Nosotros no creemos que el coste fuera exagerado, y, en todo caso, sería el precio por una España más inclusiva (todos tenemos en mente gastos inmensamente mayores mucho menos justificados). 2: una Administración tetralingüe es inviable. Obviamente, no se trata de que todos los funcionarios deban aprender las cuatro lenguas principales; sí de asegurar que los organismos estatales puedan comunicarse en las cuatro, por escrito, sirviéndose de avanzados departamentos de traducción, y, oralmente, con algunos funcionarios capaces de hacerlo. Y 3: estas medidas son innecesarias en presencia de una lengua común, el español. Esta es la objeción de más calado, que requiere ser pensada aparte.
La lengua española o castellana es el hermoso legado que todos los españoles (y millones de no españoles) tenemos en común. Su estigmatización por parte de los nacionalistas como lengua foránea o impuesta militarmente en sus comunidades no se ajusta a la historia ni es respetuosa con sus hablantes. Además el español es, como toda lengua franca, un eficaz instrumento de comunicación, cuyo uso en órganos comunes parecer ser exigido por el principio de racionalidad administrativa. Sin embargo, es importante entender que los Estados no son sólo organizadores racionales. Satisfacen también necesidades de orden simbólico. Hablantes de una lengua poderosa, los españoles de lengua materna castellana no siempre son conscientes de las necesidades de reconocimiento de los hablantes de lenguas minoritarias. La Ley de Lenguas Oficiales vendría a subsanar este déficit simbólico (en palabras del lingüista Albert Branchadell) al permitir a los ciudadanos de las comunidades bilingües visualizar cómo sus lenguas existen también para el Estado central. Al mismo tiempo, acercaría estas lenguas a los ciudadanos de las zonas monolingües, ofreciéndoles la posibilidad de valorarlas y vivirlas como propias.
Desde el comienzo de la Transición, la inhibición del Estado ha permitido que el nacionalismo se haya presentado como el representante, defensor y gestor único de las otras lenguas españolas. Ha sido este un grave error estratégico cuyas consecuencias a la vista están. En este momento, ante las peticiones para que la lengua le sea entregada al soberanismo en una caja blindada, el Estado debe reaccionar haciendo lo contrario: seguir las mejores prácticas en política lingüística federal e involucrarse decididamente en la gestión y promoción de todas las lenguas oficiales de España.
Este laissez faire sugiere que las élites del Estado no terminan de interiorizar las consecuencias plenas del hecho de concebir el catalán, vasco y gallego como lenguas plenamente españolas. Puesto que si realmente lo son, alguna presencia y uso habrían de tener en las instituciones de planta estatal. Muchos ciudadanos de las comunidades bilingües captan esta falta de reconocimiento a sus lenguas maternas cuando esperarían legítimamente lo contrario, esto es, una actitud de cercanía y complicidad por parte del Estado que se comparte.
Frente a todo ello, el Estado debería abordar las tensiones lingüísticas con un plan acorde con el espíritu del federalismo y distinto de la vía del blindaje: tomar la iniciativa y desarrollar, por primera vez, su propia política lingüística. Dicha política, que podría insertarse en la reforma de la Constitución pero que no la requiere, se apoyaría en una Ley de Lenguas Oficiales que mejorara el reconocimiento de la realidad plurilingüe de España y sentara un marco claro de obligaciones de la Administración y derechos de los administrados. Esta ley llevaría a hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto al español, permitiendo que tuvieran una presencia significativa en las instituciones, órganos y actos de la Administración central; sin perjuicio de que, de manera lógica y natural, el español siguiera siendo su principal lengua de trabajo.
¿En qué consistiría esta ley? En primer lugar, habría de recoger y sistematizar lo que ya se hace. De hecho, el Estado hace más por las otras lenguas españolas de lo que el nacionalismo quiere hacer creer. Esta es una pequeña relación de buenas prácticas que la Administración central ya desarrolla: 1, prestación de servicios en sus órganos periféricos en la lengua cooficial; 2, traducción diaria del BOE a todas las lenguas españolas; 3, traducción de las páginas web de los ministerios a las cuatro lenguas principales; 4, uso de las lenguas cooficiales en el Senado; 5, mantenimiento de un circuito de televisión y una emisora de radio en catalán, subsidiarias de RTVE; 6, en el extranjero, oferta de cursos por parte del Instituto Cervantes de catalán, vasco y gallego; 7, apoyo vía subvención a las industrias culturales en otras lenguas españolas; 8, reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua española en la que trabajen; 9, acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas.
Ciertas de estas medidas conocen incumplimientos y lagunas, pero importa retener que son prácticas ya asumidas. Nos hablan de un Estado que va por el buen camino, pero no con la ambición precisa. Por ello, la ley que proponemos podría incorporar las siguientes mejoras: 1, consideración de las cuatro lenguas españolas principales como oficiales en los organismos de planta estatal —no necesariamente de trabajo—, con hincapié en los órganos judiciales; 2, posibilidad de expresarse en las cuatro lenguas principales en el Congreso de los Diputados; 3, mandato a las Comunidades Autónomas de incluir en sus currículos educativos la oferta del aprendizaje de otra lengua española; 4, obligación de rotular en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios estatales; 5, obligación de visibilizar la diversidad lingüística española en carteles, folletos y publicaciones oficiales en general; 6, desarrollo de la oferta audiovisual pública en catalán, vasco y gallego; 7, uso de todas las lenguas oficiales de España en actos de Estado, y en particular los más solemnes; 8, por lo demás, la cooficialidad en el ámbito español haría más fácil modificar el Reglamento Lingüístico de la UE, para alcanzar también el estatuto de cooficialidad europea.
Para esta propuesta es necesario anticipar tres críticas razonables. 1: su aplicación supondría una elevación injustificada del gasto. Nosotros no creemos que el coste fuera exagerado, y, en todo caso, sería el precio por una España más inclusiva (todos tenemos en mente gastos inmensamente mayores mucho menos justificados). 2: una Administración tetralingüe es inviable. Obviamente, no se trata de que todos los funcionarios deban aprender las cuatro lenguas principales; sí de asegurar que los organismos estatales puedan comunicarse en las cuatro, por escrito, sirviéndose de avanzados departamentos de traducción, y, oralmente, con algunos funcionarios capaces de hacerlo. Y 3: estas medidas son innecesarias en presencia de una lengua común, el español. Esta es la objeción de más calado, que requiere ser pensada aparte.
La lengua española o castellana es el hermoso legado que todos los españoles (y millones de no españoles) tenemos en común. Su estigmatización por parte de los nacionalistas como lengua foránea o impuesta militarmente en sus comunidades no se ajusta a la historia ni es respetuosa con sus hablantes. Además el español es, como toda lengua franca, un eficaz instrumento de comunicación, cuyo uso en órganos comunes parecer ser exigido por el principio de racionalidad administrativa. Sin embargo, es importante entender que los Estados no son sólo organizadores racionales. Satisfacen también necesidades de orden simbólico. Hablantes de una lengua poderosa, los españoles de lengua materna castellana no siempre son conscientes de las necesidades de reconocimiento de los hablantes de lenguas minoritarias. La Ley de Lenguas Oficiales vendría a subsanar este déficit simbólico (en palabras del lingüista Albert Branchadell) al permitir a los ciudadanos de las comunidades bilingües visualizar cómo sus lenguas existen también para el Estado central. Al mismo tiempo, acercaría estas lenguas a los ciudadanos de las zonas monolingües, ofreciéndoles la posibilidad de valorarlas y vivirlas como propias.
Desde el comienzo de la Transición, la inhibición del Estado ha permitido que el nacionalismo se haya presentado como el representante, defensor y gestor único de las otras lenguas españolas. Ha sido este un grave error estratégico cuyas consecuencias a la vista están. En este momento, ante las peticiones para que la lengua le sea entregada al soberanismo en una caja blindada, el Estado debe reaccionar haciendo lo contrario: seguir las mejores prácticas en política lingüística federal e involucrarse decididamente en la gestión y promoción de todas las lenguas oficiales de España.
Mercè Vilarrubias es catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona. Juan Claudio de Ramón es ensayista.
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