La Generalitat actuó como un Estado totalitario

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• 16 dic. 2017 03:07

EFE

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Cada vez hay más pruebas de que los Mossos d'Esquadra actuaron como una auténtica policía política al servicio del proyecto secesionista diseñado desde la Generalitat. El informe elaborado por la Policía por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y al que ha tenido acceso EL MUNDO, revela que los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont articularon una red de espionaje valiéndose de algunos mossos seleccionados por su "marcada tendencia nacionalista". Estos agentes hacían seguimientos y elaboraban informes sobre representantes de formaciones políticas como el PP y Ciudadanos, colectivos "españolistas" como Sociedad Civil Catalana, miembros del Gobierno nacional como el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz o abogados particulares. Además, como publicamos hoy, manejaban detallada información sobre las evasiones de dinero a Andorra del ex president Jordi Pujol. Es decir, investigaban paralelamente causas que estaban judicializadas para tener alertados e informados sobre las mismas a los dirigentes independentistas que pudieran verse salpicados por la corrupción de la familia Pujol.

Los hechos son de una gravedad extrema y más propios de estados totalitarios que no dudan en poner las fuerzas del orden al servicio de intereses bastardos. Como, en este caso, organizar un golpe de Estado contra la legalidad constitucional. Afortunadamente, la Policía Nacional interceptó el pasado 26 de octubre, víspera de la aplicación del artículo 155, dos furgonetas repletas de carpetas y cajas con documentos en los que se detallaban las acciones ilegales de estos agentes, que pretendían borrar las huellas de sus delitos incinerándolos. Gracias a esta documentación sabemos que la Generalitat espió a la que fuera presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, y entregó sus conclusiones al entonces conseller de Interior Felip Puig. O lo que es más grave: el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cada vez que viajaba a Cataluña era sometido a un control absoluto de sus movimientos al objeto de informar de ellos al Govern de turno. Existía incluso un organigrama detallado en el que figuraban, junto al ministro, comisarios del Cuerpo Nacional de Policía. No estamos, por tanto, ante un espionaje con fines políticos o electorales, un delito ya de por sí intolerable en una democracia, máxime cuando se comete desde una instancia de la Administración pública. Nos encontramos ante un espionaje institucional cuyo objetivo último era la amenaza y el chantaje al Estado con fines golpistas y sediciosos. Cuando la Policía Nacional termine de analizar todos los documentos que los mossos pretendían quemar, será necesaria la intervención de la Fiscalía para exigir responsabilidades penales ante unos delitos que repugnan por su magnitud.

Tanto Artur Mas como Carles Puigdemont deberán dar explicaciones a los catalanes y a todos los españoles sobre esta red policial oculta que evidencia la concepción patrimonial del poder de los líderes de la antigua Convergència. Los miembros de los sucesivos gobiernos nacionalistas han estado durante años actuando delictivamente y con absoluta impunidad, violando la intimidad de sus adversarios políticos y poniendo los recursos públicos al servicio de sus objetivos políticos. Su concepción totalitaria del poder les llevó incluso a espiar a miembros de la propia Policía autonómica contrarios al independentismo. Así, un equipo de mossos recogió en un informe multitud de datos referentes al secretario general del Sindicat de Policies de Catalunya, David José Mañas, de su mujer y de su hijo. Alguien tendrá que aclarar con qué finalidad se elaboraron estos informes que exceden la labor de los Mossos d'Esquadra, cuya función es hacer cumplir la ley, no violarla por orden de una clase política que ha demostrado un profundo desprecio por la democracia.